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LO ESPERADO Y LAS AUSENCIAS

Pulso

A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE SUSANA JIMÉNEZ, ECONOMISTA SENIOR DE LYD, PUBLICADA HOY EN PULSO.

Susana Jiménez

El Gobierno dio a conocer su Agenda de Energía, la que contempla una serie de acciones y medidas destinadas a destrabar la inversión eléctrica y perfeccionar el funcionamiento del sector energético. Diseñada en torno a siete ejes, esta pone especial énfasis en promover un mayor rol del Estado, aumentar la competencia y reducir los precios de la energía, fomentar el uso de recursos propios, mejorar el sistema de transmisión, impulsar la eficiencia energética, incrementar la inversión en infraestructura y avanzar en el ordenamiento territorial y en la activa participación ciudadana. Para ello, establece medidas y metas concretas a alcanzar en plazos determinados, que abordan no solo el sistema eléctrico, sino también el mercado del gas, la leña y las bencinas.

El anuncio de la Agenda despertó una alta expectativa dado el diagnóstico ya largamente compartido respecto del problema que genera la falta de proyectos para garantizar un suministro de energía eléctrica para los años venideros a precios competitivos.

En este contexto, varias de las propuestas ya se habían discutido en instancias previas, las que fueron recogidas por la Agenda; mientras otras resultaron más novedosas, siendo unas mejor evaluadas que otras.

Entre lo esperado, destacan los anuncios de avanzar en materia de ordenamiento territorial, interconexión y aportes locales, la propuesta de rediseño de las licitaciones de suministros para clientes regulados y algunas medidas de fomento de eficiencia energética. Si bien estas disposiciones se valoran positivamente, se echó de menos que en materias tan debatidas como los aportes locales no se hicieran planteamientos más concretos -solo hay una propuesta genérica- que zanjaran de una vez la inequidad de beneficios y costos que afecta a las comunidades donde se instalan los proyectos. A su vez, en materia de eficiencia energética se impondrían obligaciones a la industria y la minería que pueden resultar innecesariamente gravosas.

Otros anuncios, en tanto, resultaron más sorprendentes. Es el caso de la regulación de las tarifas de la distribución de gas de red, aun cuando ello ameritaría un análisis previo de competencia de este mercado; la construcción de un nuevo terminal GNL con participación de ENAP para aumentar la presencia del gas en la matriz; la capitalización con US$400 millones de ENAP; y la propuesta de desacoplar los ingresos de las empresas distribuidoras de sus ventas de electricidad. Todas estas medidas debieran ser oportunamente evaluadas pues involucran transferencias importantes de recursos.

Los grandes ausentes fueron un apoyo más explícito al uso del carbón y de los recursos hídricos de la zona austral y alguna referencia a la opción nuclear. Lo anterior no es un detalle menor, considerando que se establecieron objetivos explícitos de reducción de precios (bajar 30% los costos marginales del Sistema Interconectado Central a 2017 y reducir en 25% los precios de las licitaciones de suministro eléctrico), lo que requiere del desarrollo de las fuentes de generación eléctrica más eficientes.

La Agenda, en cambio, parece priorizar una mayor participación del GNL en la matriz energética nacional, con la esperanza que ello permita bajar los precios actuales de la electricidad. Es cierto que en el corto plazo, la alternativa de más rápida ejecución es promover un uso más intensivo de GNL en centrales disponibles, lo que permitirá enfrentar de manera inmediata la estrechez energética que se avecina. No obstante, resulta aventurado apostar por la generación en base a gas a largo plazo, dado que las proyecciones auguran un precio no inferior a US$12 por millón de BTU, lo que implica costos 30% superiores a los del carbón. Igualmente, el aprovechamiento del potencial hídrico del país permitiría una reducción significativa en los costos de generación del país. En este sentido, solamente sugerir que se promoverá el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos consignados en el plan de obras de la CNE resulta insuficiente y revela que, una vez más, se opta por un mensaje de apoyo velado, cuando lo que se necesita es justamente sincerar el discurso para un debate informado con la opinión pública y el mundo político.

Lo anterior es particularmente importante de cara a la propuesta de elaborar una Política Energética de Estado “con validación social, política y económica”, como propone la Agenda para un horizonte de corto plazo (2025) y de mediano y largo plazo (2050), y que supone una revisión de los estándares, lineamientos y regulación existentes. Se desconocen los mecanismos específicos de cómo se lograrán los consensos necesarios, pero ciertamente será clave disponer de información objetiva y transparente, y que la autoridad actúe con liderazgo para garantizar que existan las condiciones y el marco regulatorio adecuado para que no falte la energía segura, eficiente y sustentable, necesaria para sostener el desarrollo socio-económico que el país requiere.

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