El Gobierno dio a conocer su Agenda de Energía, la que contempla una serie de acciones y medidas destinadas a destrabar la inversión eléctrica y perfeccionar el funcionamiento del sector energético. Diseñada en torno a siete ejes, ésta pone especial énfasis en promover un mayor rol del Estado, aumentar la competencia y reducir los precios de la energía, fomentar el uso de recursos propios, mejorar el sistema de transmisión, impulsar la eficiencia energética, incrementar la inversión en infraestructura y avanzar en el ordenamiento territorial y en la activa participación ciudadana. Para ello, establece medidas y metas concretas a alcanzar en plazos determinados, que abordan no sólo el sistema eléctrico, sino también el mercado del gas, la leña y las bencinas.
CONTENIDO DE LA AGENDA
El objetivo señalado en la Agenda es lograr que el país disponga de energía “confiable, sustentable, inclusiva y de precios razonables, con una matriz eléctrica diversificada, equilibrada y que garantice al país mayores niveles de soberanía en sus requerimientos de energía”[i]. Su principal preocupación es revertir el alza que han experimentado los precios de la energía eléctrica en los últimos años y que sería atribuible, según señala, a una serie de factores tales como conflictos por el uso de territorio, un creciente cuestionamiento ciudadano, la ausencia de planificación de largo plazo, problemas de competencia a nivel de generación y la falta de inversión en transmisión, entre otros. Lo anterior le lleva a promover “un cambio de paradigma en energía”, donde el Estado adquiere un rol más activo en la planificación estratégica de largo plazo del sector.
Este diagnóstico ya había sido adelantado por el Ministro de Energía, quien señalara que el modelo vigente (basado en la iniciativa privada y un rol regulatorio y subsidiario del Estado) se diseñó para proveer de energía suficiente a precios razonables y bajo condiciones de competencia, aspectos todos que, en su opinión, hoy no se cumplen, probando así que el mercado no funcionó. No obstante, la evidencia muestra que el marco regulatorio vigente ha permitido multiplicar por 4 la generación eléctrica en los últimos 25 años, aportando el necesario suministro aún bajo condiciones muy adversas (como el corte de suministro de Argentina, sequías y alzas de precios de combustibles). Este marco se ha ido perfeccionando para acoger aspectos de interés público, como la seguridad del sistema, la protección de la salud de las personas y del medio ambiente, la eficiencia energética y la promoción de las energías renovables no convencionales, entre otros.
En consecuencia, los problemas que hoy aquejan el país en materia energética no derivan del modelo en sí, sino más bien de las dificultades que enfrentan los desarrolladores para realizar proyectos (sean incumbentes o nuevos actores), lo que se traduce en la reticencia a vender energía en contratos de largo plazo y el consecuente alto precio de la energía. Ello amerita acciones concretas, más no necesariamente cambios radicales al modelo existente. Es por ello que se valoran los perfeccionamientos que propone la Agenda y, especialmente, aquellas acciones destinadas a destrabar los proyectos y mejorar las condiciones para su desarrollo.
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