El gobierno concibe la reforma tributaria como una herramienta básica para disminuir la desigualdad. Pretende recaudar US$ 8.200 millones para educación, equilibrio fiscal y otros programas sociales. Estos gastos no han sido detallados, requisito indispensable para evaluar si el daño a la capacidad productiva del país que generará el alza de impuestos (nadie puede afirmar seriamente que retirar esa cantidad de dinero del circuito productivo no tendrá efecto negativo), se verá compensado por las ganancias en productividad que causaría el mayor gasto público.

El gobierno ha rehuido ese debate, que es el de fondo, dando a entender que los meros cambios tributarios son deseables desde un punto de vista de equidad tributaria. Ellos se basan en la premisa que las empresas pagan pocos impuestos en Chile, lo que es manifiestamente falso. Si bien la tasa de 20% es relativamente baja en el contexto de la OCDE, la recaudación es alta, entre un 4% y un 5% del PIB, el tercer país después de Luxemburgo y Noruega. La aparente paradoja se produce porque, contrariamente a lo que indica otro mito, la base tributaria del impuesto a las empresas es muy amplia, existiendo escasísimos “loopholes”. En Chile el impuesto a la renta lo pagan básicamente las empresas y no las personas que suman apenas un 2% del PIB. Al subir la tasa de 20 a 25% a lo que se agrega el 10% de retención adicional en la empresa, llegando a 35% (alza de 75%), Chile quedaría, ahora también en tasa, como uno de los tres países de impuestos a las empresas más altos en la OCDE.

Argumentando a favor de la reforma, y nuevamente en la línea de la justicia tributaria, se ha esgrimido que el FUT es un masivo instrumento de evasión tributaria. Las cifras anteriores muestran que no es así, ya que Chile no podría recaudar altísimos impuestos a las empresas si ese fuera el caso. Lo único válido del mito que se ha tejido en torno al FUT es que es cuestionable que un empresario haga un “consumo encubierto” de carácter personal amparado en gastos de la empresa. Hay formas de evitarlo menos costosas que tirar a la basura el instrumento de ahorro más poderoso que ha tenido Chile en su historia económica.

Al basar su reforma en estos mitos de falta de equidad tributaria, el gobierno desvía la atención de la discusión de fondo: ¿dónde serán más productivos y justamente distribuidos los US$ 8.200 millones que pretende recaudar, en el sector privado o en el sector público?

Las modestas medidas de incentivo a la inversión que pretenden paliar el gran impacto negativo del alza de impuestos (depreciación instantánea limitada y franquicias para inversión en activos fijos) son apenas un saludo a la bandera. Reponer con ahorro externo el ahorro privado que se pierde al no disponer ahora del FUT es muy difícil con déficit en cuenta corriente de 4% del PIB. También lo es hacerlo con ahorro público, dada la dinámica del gasto fiscal. Si bien el proyecto pretende adelantar inversiones al otorgar un año de depreciación instantánea después de la vigencia del proyecto, ese será un efecto por una vez que les permitirá mostrar cifras de inversión no tan malas el año 2015, pero se revierte desde el 2016 en adelante.

Por otra parte, el proyecto afecta cerca de 102.000 PYME que en la actualidad están acogidos a los regímenes 14bis y quater, que se eliminan. Según estimaciones del economista Alfonso Swett hay 295 mil PYMES con FUT positivo, que representan cerca de un 30% de éste.

Por último, el proyecto altera la relación entre el SII y los contribuyentes, afectando la independencia de los tribunales, dando al servicio facultades discrecionales para recalificar las rentas sobre la base de su apreciación de conductas como “impropias” o “artificiosas”. Crea la figura de las rentas atribuidas, cuyo nombre lo dice todo, inaugurando el concepto de tributación sin flujo.

La reforma tributaria provocará una baja en la inversión y el empleo. Lo peor, es que es casi cierto que luego de cuatro años, si se aprueba esta reforma, Chile no habrá reducido la desigualdad.