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¿CONVIENE UNA EMPRESA ENERGÉTICA DEL ESTADO?

La Directora del Programa Legislativo y Constitucional, Natalia González analiza algunas de las propuestas energéticas que están circulando en el debate presidencial.

• Previo a seguir ampliando el espectro de actividades en que el Estado asume el rol de Estado Empresario, resulta mucho más urgente abordar, sobre todo en el caso de ENAP, las reformas que sean necesarias para que esta empresa tenga un gobierno corporativo moderno, que responda a los estándares y recomendaciones internacionales, con mayores grados de independencia (despolitizar ENAP, sacando al poder político de los directorios y dejando que los ejecutivos sean designados por el directorio y no por el Presidente de la República) y transparencia en su gestión, con redición de cuentas, etc.

• El Estado bajo nuestra Constitución tiene un rol subsidiario lo que significa que nuestro ordenamiento respeta plenamente a los cuerpos y grupos intermedios de la sociedad. Así el Estado no puede asumir legítimamente el campo de atribuciones o de acción de una sociedad menor o de cuerpo o grupos intermedios, porque las sociedades mayores (Estado) nacen para realizar lo que las inferiores no pueden lograr por sí mismas, y no para absorber a estas últimas.

• Por tanto, el Estado no puede invadir el campo propio de las autonomías de los grupos intermedios, ni menos el que las personas individuales están en condiciones de llevar a cabo adecuadamente. De este modo, el campo legítimo de acción del Estado o de una sociedad intermedia empieza donde termina la esfera posible de acción adecuada a las sociedades intermedias menores o de los individuos particulares”.

• Por todo lo anterior, nuestra Constitución establece que cuando el Estado asume un rol, en materia empresarial, sólo lo hace por excepción. De hecho nuestra legislación exige autorización de quórum calificado para autorizar la actividad empresarial del Estado.

¿QUÉ ROL DEBE ASUMIR EN ESTADO EN LA PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO DE UNA ESTRATEGIA ENERGÉTICA

• Una excesiva planificación de parte del Estado, o una planificación centralizada en esta materia, no es aconsejable. Las fallas del Estado son peor que las fallas del mercado. Recordemos el caso Transantiago.

• Plantear un escenario en que el Estado pudiera llegar a tomar definiciones que hoy corresponden al sector privado o que son tomadas por la autoridad en base a la recomendación de consultores independientes (como ocurre por ejemplo en materia de transmisión, en que ellos recomiendan las obras necesarias a la CNE-, en función de las necesidades de consumo y la oferta disponible)-, es una apuesta arriesgada pues implica introducir cambios sustanciales al funcionamiento del sistema eléctrico, que ha funcionado en general muy bien (más allá de los perfeccionamientos que sean pertinentes) sin asegurar, y no podría asegurarse por lo demás, que el Estado realice estas tareas de manera más eficiente que el sector privado.

• En efecto, las decisiones de inversión para una asignación eficiente de recursos deben responder a señales de precios, las que cambian constantemente en el tiempo. Esto ha permitido en el pasado que el mercado eléctrico respondiera oportunamente a las demandas crecientes de energía del país, incluso en condiciones críticas de sequía, cortes de gas natural y restricciones de suministro.

• Para ello, el eje de la política ha sido -y debiera seguir siendo- la neutralidad respecto del desarrollo competitivo de las distintas fuentes de energía, lo que ha dado flexibilidad y agilidad para que el mercado se ajuste a condiciones cambiantes.

• Debe avanzarse, en cambio, en que los procesos de análisis, ejecución y puesta en marcha de las obras, sin descuidar los derechos de terceros afectados y la protección del medioambiente, sean agilizados, asegurando que las obras sean realizadas sujeto a niveles exigibles de calidad de servicio y expansión, con la correspondiente remuneración. En esta dirección debiera, de hecho, avanzar el enfoque anunciado de la carretera eléctrica pública, vale decir, en facilitar el desarrollo de proyectos privados, en base a decisiones de mercado y no por injerencia del Estado.

• La autoridad está llamada a dar pasos decididos que permitan destrabar la generación de proyectos, instando a que los procedimientos de evaluación y aprobación sean lo más objetivos y transparentes posibles.

• Eventualmente, el Estado podría asumir ciertas funciones para facilitar las necesarias obras de construcción y expansión del sistema de transmisión que el país requiere, y para dar mayores grados de certeza a los desarrolladores de proyectos que se han visto enfrentados a cada vez más a fuertes grados de incertidumbre, pero no asumir un rol activo en desarrollar los proyectos ni menos la planificación centralizada del sector.

• Se debe recordar en esta materia el principio de subsidiariedad que recoge nuestra Constitución, bajo el cual el Estado respeta a los cuerpos intermedios de la sociedad y sólo por excepción asume roles que el sector privado no puede asumir.

¿METAS FIJAS EN ERNC Y GNL?

• Debemos ser muy cuidadosos con imponer metas fijas, obligatorias para ser cumplidas en plazos determinados. Ello no sería adecuado y resultaría antojadizo a la luz del desarrollo de la tecnología. Hay que recordar que algunas de estas tecnologías tienen un bajo factor de planta y requieren de respaldos. Por su parte se requiere de una gran capacidad de transmisión, lo que debe ponderarse.

• Tampoco parece acertado avanzar en la línea de reservar porciones de la matriz a determinadas tecnologías pues a la larga ello afecta el bolsillo de los consumidores. El desarrollo de las diversas tecnologías debe depender de las señales de precio y sus condiciones de competitividad, no de imposiciones que realice la autoridad central, más allá de que puedan contemplarse incentivos, razonables, para promover estas tecnologías.

• Debe avanzarse en apoyar al desarrollo de ERNC vía generación de mayor información de carácter público para el desarrollo de proyectos, profundizar mecanismos de fomento, esquemas de portfolio de ERNC y comercializadores que puedan ofertar en licitaciones de distribuidoras, dar facilidades para la conexión de centrales ERNC al sistema y mayores incentivos para proyectos pilotos de ERNC

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