A continuación reproducimos la columna de Cecilia Cifuentes, investigadora del programa Económico, publicada en La Tercera:
Algunos personeros de la administración anterior parecen estar siguiendo en materia fiscal una conocida estrategia de batalla: “La mejor defensa es el ataque”. Esto porque, frente a una administración fiscal que fue la más expansiva desde el gobierno de la Unidad Popular, y con evidentes flancos débiles, optan por atacar la política fiscal del gobierno actual.
Para este objetivo miran una sola dimensión de las que se pueden utilizar para analizar el erario, el ahorro, el cual fue efectivamente algo superior al que ha registrado el actual gobierno. Pero, ¿es eso realmente un logro de la anterior administración? La respuesta es negativa. De hecho, si hubiesen ahorrado menos no sólo habrían violado la regla estructural el año 2009, sino también los años anteriores, porque el ahorro fue el resultado del espectacular aumento del precio del cobre (subió un 90% entre 2006 y 2008), con precios de tendencia del mineral muy por debajo de los efectivos y con costos de producción inferiores a los actuales. En este escenario, el ahorro fue simplemente el resultado de cumplir la regla estructural (ley desde el año 2008). Los números son bastante elocuentes. El ahorro corriente del gobierno anterior fue de un 7,1% del PIB promedio entre 2006 y 2009, efectivamente por sobre una cifra de 4% entre 2010 y 2013. No obstante, en el primer lapso los ingresos fiscales provenientes del cobre representaron un 6,3% del PIB en promedio, cifra que caería a un 3,6% durante el gobierno en curso, lo que explica gran parte de la diferencia. Por lo tanto, el ahorro en la administración anterior no se debe en ningún caso a la austeridad del gobierno, sino a que Chile registró durante ese período una ganancia espectacular de términos de intercambio, la más pronunciada de América Latina.
Por otra parte, si comparamos la expansión del gasto, en un contexto en que sabemos que las reducciones de éste son políticamente inviables, el gobierno anterior dejó una herencia muy pesada a sus sucesores. Dejando fuera el año 2009, el gasto registró una tasa de crecimiento promedio real de 8,5%. Sólo la reforma previsional y el desastre del Transantiago significaron más del doble de recursos permanentes de toda la política social implementada por este gobierno. Estos gastos se financiaron con el aumento de ingresos mineros, los cuales no tendrían un carácter muy permanente. Durante este gobierno, con terremoto, posnatal, 7% de salud a jubilados, ingreso ético, aumento de gasto en educación y otros, el gasto registraría una tasa de crecimiento real de 5,1% promedio.
Cuestionable también es la política fiscal que se adoptó en 2009, año electoral. Con el argumento de la crisis externa el gasto aumentó un ¡17% real!, y los activos financieros del gobierno se redujeron en US$ 13.000 millones ese año (más de lo que se quiere recaudar con el llamado “impuestazo”). Sin embargo, la situación externa que enfrentó Chile estaba lejos de ser dramática. Los términos de intercambio subieron casi un 5% respecto de 2008, las tasas de interés internacionales bajaron en forma drástica y el país continuó recibiendo flujos elevados de capitales del exterior. Queda, por lo tanto, la duda si la real motivación para ese gigantesco estímulo fiscal fue económica o simplemente electoral.
