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ACUSACIÓN INJUSTA

A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE LUIS LARRAÍN, DIRECTOR EJECUTIVO DE LYD, JORGE JARAQUEMADA, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN Y NAJEL KLEIN, DIRECTORA DEL INSTITUTO LIBERTAD, PUBLICADA HOY EN LA TERCERA:

Se ha reconocido de manera transversal, que el Ministro Harald Beyer no solo ha sido eficaz y exitoso en el desempeño de su labor, sino que, su perfil académico, calidad humana y una trayectoria de servicio público de dos décadas en el área de la educación –todas cualidades que siempre estuvieron generosamente a disposición de los gobiernos de la Concertación, al formar parte de las más diversas comisiones e iniciativas–, lo avalan como uno de los mejores ministros que ha tenido dicha cartera en su historia.

En días recientes, diputados de la Concertación han abusado de una importante herramienta que le entrega la Constitución al Congreso: la acusación constitucional. Ella tiene por objeto perseguir la responsabilidad de diversas autoridades ante casos gravísimos y calificados; nada más alejado de la acusación aprobada, la que carece de fundamento jurídico o factual alguno –como ha sido reconocido por diferentes académicos y constitucionalistas, muchos de ellos de la propia Concertación–. Más lamentable aún, diputados de la Concertación que la votaron favorablemente sostuvieron reparos ante dichos fundamentos, tanto antes como después de la votación.

Jurídicamente no se ha podido avalar el sustento para que exista esta acusación. Esta resulta en un contrasentido si se tiene en cuenta que el Ministerio de Educación carece de las atribuciones mínimas de fiscalización y se pretende imputar como hechos personales responsabilidades del marco normativo en materia de educación superior. A pesar de ello, este ha sido el primer gobierno que realmente ha hecho un esfuerzo por investigar acerca de las instituciones de educación superior: de las cuatro investigaciones que se abrieron el año pasado, dos de las cuales siguen en curso (Uniacc y Pedro de Valdivia), una culminó sin sanciones (Santo Tomás) y la otra derivó en el cierre de la U. del Mar. Por el contrario, durante 20 años ni un solo ministro de la Concertación fiscalizó nada, ni un ex Presidente de la República pidió que se hiciera algo; actuaron pasivamente.

Si no hay fundamento jurídico o factual alguno para sostener la acusación ¿por qué entonces se ha aprobado? No nos queda más que pensar que se trata, simplemente, de un artilugio político; la obtención de una ventaja política pequeña, sobre la base de sacar de su cargo a uno de los pocos ministros de educación que se ha comprometido a fondo con mejorar las condiciones de acceso, financiamiento y calidad de la educación en todos sus niveles.

Los diputados que aprobaron la acusación deberán enfrentar a la opinión pública. Porque el costo de esta acusación no recaerá sobre el Ministro o este Gobierno; será para la educación chilena y para aumentar el desprestigio de la actividad política, la que, al caer en esta clase de “politiquería” como bien la describió el Ministro Beyer, solo contribuyen a alejar a personas honestas, profesionales e idóneas para ejercer cargos públicos; nadie estará dispuesto a verse sometido y tener que transitar por instancias políticas tan indignas.

¿Puede volver la sensatez y la moderación a la política chilena? Lo creemos posible. Hoy el Senado tiene en sus manos la responsabilidad de, con su prudencia y criterio, evitar tamaña injusticia, desechando la acusación aprobada por los diputados de la Concertación. Chile entero está a la espera de que se comporte a la altura de las circunstancias.

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