A continuación reproducimos el posteo de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicado hoy en la revista Qué Pasa:
En un libro reciente, el profesor de la Universidad de Harvard, Lawrence Lessig (“Republic, Lost: How Money Corrupt Congress and a Plan to Stop it”, 2011), busca revivir con nueva evidencia y propuestas de reforma, la discusión norteamericana en torno a la relación entre dinero y política. Para él, hoy más que nunca se encuentra amenazado el ideal de República, la forma de gobierno basada en que los representantes del pueblo electos democráticamente –o las autoridades con potestades públicas en general–, toman decisiones mirando el interés general de la comunidad (del pueblo soberano), y no el particular de los grupos de interés (empresarios, sindicatos, profesores, etc.).
Para Lessig este ideal republicano no sólo está siendo socavado por la influencia del dinero en el proceso político –la captura del Estado por parte de estos intereses privados mediante donaciones políticas interesadas en las campañas electorales y el lobby–, sino por una cierta indolencia social en torno a legitimar la idea de que el proceso político no es un espacio de deliberación pública –en el que mediante la persuasión se toman decisiones de interés general–, sino un mercado de compra y venta de votos (logrolling) necesarios para implementar los intereses pre-políticos que cada grupo de interés persigue (legítimamente).
Se trata de un debate de la mayor importancia que en Estados Unidos ya lleva un siglo. En Chile ha estado presente con fuerza desde comienzos de la década pasada, cuando se comenzó a discutir la legislación sobre financiamiento de la política y la regulación del lobby.
Y es que los chilenos queremos seguir viviendo en una República. A primera vista, este consenso es evidente. Pero sólo a primera vista: existe gran discrepancia entre los expertos sobre los instrumentos deseables para abordar esta cuestión. Ejemplos sobran.
Para algunos, el ideal republicano requiere que tanto el gasto corriente de los partidos políticos como las campañas electorales sean íntegramente financiadas por el Estado; prohibiéndose o limitándose seriamente las donaciones privadas. Otros pensamos que ello no sólo implicaría la captura del propio Estado y la burocracia sobre el proceso político (tan nefasta como la privada), sino una vulneración dramática a la libertad de expresión de los ciudadanos –los aportes en dinero son expresión política, y ello también incluye a las personas jurídicas con y sin fines de lucro–, y a la libertad de asociarse políticamente, pilares de una república en forma.
Para algunos, se requiere de una regulación estricta del lobby que implique definir qué es lobby, quienes lobbystas, cuáles son actividades lobby, registros de lobbystas, sanciones, etc. – que es, por lo demás, lo que quiere la industria del lobby–; otros creemos que este modelo afecta el derecho de petición de los ciudadanos –que creerían que es sólo a través de un lobbysta que es posible acercarse a una autoridad–, y que la mejor regulación es la transparencia.
El gobierno ha anunciado el envío, durante los próximos meses, de dos proyectos de ley claves en esta materia: el que regula el lobby, y el que modifica la ley de partidos políticos, donde entre otros aspectos, se entregará la propuesta oficialista sobre financiamiento público de los partidos en tiempos no electorales. Como es posible de apreciar, se enfrentarán dos visiones contrapuestas sobre cómo defender a nuestra República de los intereses espurios que buscan capturarla: aquellos que creen que ello se logra con más poder al Estado, y los que creemos que ello se logra empoderando a las personas y las libertades individuales.
