A continuación reproducimos la columna de Eliana Claro, Coordinadora del Programa Seguridad Pública y Justicia, publicada en el sitio www.elvaso.cl
Ha transcurrido un año de la tragedia que le costó la vida a 81 reclusos del Penal de San Miguel el 8 de diciembre de 2010. Una tragedia que, sin duda, nos marcó a todos y que ha llevado a las autoridades a poner especial atención a la dramática realidad penitenciara que existía en nuestro país desde hace años: un sistema deteriorado donde el hacinamiento y la falta de recursos ni siquiera ofrecían niveles mínimos de dignidad a sus condenados.
El hecho ocurrido en San Miguel, llevó al Gobierno a disponer medidas inmediatas y a buscar acelerar al máximo las medidas de corto, mediano y largo plazo que se habían propuesto en materia carcelaria, de manera de implementar una nueva política con mejores condiciones para los internos y los gendarmes, quienes deben velar por la vigilancia y la reinserción.
Es por eso, que hoy a un año de la tragedia, cabe preguntarse qué cambios se han implementado, qué mejoras ha tenido el sistema y qué grado de cumplimiento han alcanzado las propuestas del Gobierno en la materia.
Después del incendio, se implementaron 11 medidas de carácter inmediato con la finalidad de entregar dignidad a las personas privadas de libertad, sobre todo en aquellos recintos no concesionados que presentaban mayores carencias (medidas relacionadas al espacio físico, a la alimentación, materias sanitarias, de visitas, etc.). Posteriormente se han tomado otras medidas por parte de Gendarmería que también ha contribuido a mejorar las condiciones dentro de las cárceles: se aumentó el valor de la ración alimenticia, se retiraron cilindros y cocinillas, se han invertido $ 5 mil millones en equipamiento y construcción de redes contra incendio, se diseñó el sistema de redes secas, húmedas y de sistema eléctrico en 68 cárceles y durante diciembre comenzará la instalación de inhibidores de celulares en 3 centros penitenciarios (Colina y Santiago).
Sin embargo, otras medidas esenciales son aquellas que apuntan a disminuir el hacinamiento: hoy en día existen más de 54.500 personas privadas de libertad y las plazas penitenciarias disponibles apenas superan las 37.300, lo que lleva a una sobrepoblación de 46% (cifra que se agravo producto del terremoto de febrero de 2010, llegando a niveles de 60% durante ese año).
Por otro lado, son 51.132 las personas que cumplen penas alternativas, lo que es equivalente a menos de un 50% del total (cifra inferior a la comparación internacional). Es por eso que hoy está en el Senado el proyecto de ley que contempla la modificación de la Ley 18.216 de penas alternativas, que mejora el control con técnicas como el brazalete electrónico y el aumento de número de delegados, además de otras que apuntan al reemplazo de la reclusión nocturna o de penas menores a un año por trabajos comunitarios, fomentando el crecimiento personal (evitando la reincidencia) y disminuyendo el hacinamiento.
Sin embargo, aunque estas penas disminuyan la cantidad de personas en las cárceles, las altas tasas de hacinamiento existentes en Chile requieren medidas y modificaciones más profundas en materias penitenciarias. El problema de la reinserción y el hacinamiento sigue siendo crucial y por eso se hace de carácter urgente comenzar el proyecto del Gobierno que propone una reingeniería del sistema carcelario: a través de la construcción de las 4 nuevas cárceles que pretenden la segregación penal según nivel de criminología y proponen, mediante una organización correctiva, fortalecer el desarrollo y crecimiento personal y laboral de los condenados. Además, a esta iniciativa se suma la de aumentar en 5 años, 5.000 gendarmes, producto de la aplicación de la nueva Ley de Planta.
Por último, en cuanto al Penal de San Miguel, se han invertido cerca de $ 1.200 millones en infraestructura creando zonas remodeladas que han sido acomodadas con estándares de habitabilidad completamente diferentes a otros penales y que hoy albergan a 155 mujeres. La idea de las autoridades de Justicia es que durante el año 2012, este penal se transforme en la segunda cárcel de mujeres de la Región Metropolitana, lo que permitirá descongestionar el actual CPF que tiene tasas de hacinamiento cercanas al 100%.
Así, concluimos que existen avances importantes y que las medidas propuestas efectivamente parecen apuntar a disminuir el hacinamiento en las cárceles y mejorar las condiciones de los condenados, tanto en privación de libertad como aquellos que se rigen bajo medidas alternativas. Sin embargo, es necesario impulsar con aún más fuerza la agenda gubernamental en esta materia, sobre todo en la propuesta de construcción de 4 nuevas cárceles y sus concesiones, ya que es un proyecto moderno y que apunta sobre todo a mejorar las condiciones que pueden repercutir directamente en la reinserción futura de los condenados y en los futuros niveles de victimización de nuestro país.
