Para analizar tanto la oferta del Gobierno como la demanda de la ANEF, es importante primero tener claros los siguientes antecedentes:
•Los empleados públicos del Gobierno central (sin considerar al personal de municipalidades, de las Fuerzas Armadas y de empresas del Estado) suman algo más 200 mil por lo que el comportamiento de sus remuneraciones es un antecedente de importancia en las negociaciones del sector privado.
•El gasto en remuneraciones del gobierno representa cerca de un 23% del gasto público total, por lo que la incidencia del ajuste de remuneraciones tiene un impacto macroeconómico importante. Existe bastante consenso de que una expansión fiscal mayor al crecimiento del PIB afecta en forma negativa la competitividad de la economía, por lo que debe tenerse claro que el reajuste de los empleados públicos termina por perjudicar a los sectores transables, y con ello, al empleo en estos sectores.
•El comportamiento de las remuneraciones en una economía social de mercado debe tener relación con el aumento de la productividad laboral, ya que en caso contrario son los propios trabajadores quienes terminan por verse afectados en forma negativa, a través de una menor creación de puestos de trabajo. En el sector público es difícil de medir, por cuanto no existen cuentas de resultados de gestión. Esto puede llevar a que los criterios para la fijación de remuneraciones caigan en el campo político, lo que suele ser dañino para la productividad global de la economía.
