La investigadora del Programa Social, María Paz Arzola, explica las razones por las cuales la propuesta educacional de la oposición no resuelve el conflicto:

1)      El eje principal del documento entregado esta semana no está en el mejoramiento de la calidad educativa, sino en el financiamiento y en los beneficios a grupos de interés como el CRUCH, y no en los alumnos más vulnerables o con méritos. El concepto “evaluación docente” no aparece en todo el texto.

2) Se propone que en una primera etapa la gratuidad llegue a los alumnos del 70% de menos recursos que asistan a universidades del CRUCH . Según la CASEN 2009, de los alumnos que asisten a educación superior de los cuatro primeros deciles, el 40% asiste a CFT e IP, 35% está en universidades del CRUCH, y el 25% restante en universidades no CRUCH. Dado que la gratuidad es un beneficio para el alumno, y no para la universidad, ¿por qué dejar afuera al 65% de los estudiantes más pobres del país, para beneficiar a jóvenes que tienen más recursos (entre los deciles 5 y 7), sólo porque estos últimos están en universidades del CRUCH?

3)      Se plantea aumentar el Aporte Fiscal Directo (AFD) y crear Aportes Basales para las universidades estatales. El  financiamiento debe apuntar a las universidades buenas, característica que no tiene relación con el pertenecer o no al grupo del CRUCH. Los aportes fiscales (directo e indirecto, es decir, sin contar ayudas estudiantiles dirigidas a los alumnos) han crecido notoriamente las últimas décadas, especialmente para las universidades del CRUCH: el año 1990 se entregaban MM$88.719 a universidades del CRUCH, MM$1.957 a universidades no CRUCH, y MM$1.639 a CFT e IP. Estos montos llegaron el año 2010 hasta los MM$167.139, MM$4.608 y MM$137 respectivamente. No se puede exigir al Estado mayor financiamiento, en tanto no se transparente y determine que los recursos que reciben en la actualidad las universidades están siendo bien utilizados.