28 de septiembre de 2011

Los 2 temas fundamentales tras el término de negociación de la mesa pesquera

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pescaEl 8 de septiembre venció el plazo para que la llamada Mesa Pesquera llegara a un acuerdo entre el sector artesanal e industrial respecto del fraccionamiento de las distintas pesquerías, evitando con ello que se licite parte de la cuota global. Tras una prórroga a este plazo, esta semana finalmente se concretó un acuerdo entre las partes.

Susana Jiménez, economista senior de LyD, explica que la Mesa Pesquera fue objeto de alabanzas y críticas por parte de distintos sectores, toda vez que conminaba a lograr un consenso entre los propios actores que hoy operan en el sector. Más allá de las legítimas discrepancias, llama la atención que la discusión sólo estuviera centrada en la conveniencia o no de llevar a cabo una licitación – algo que resulta innecesario en la medida que se perfecciona el mercado secundario para la libre transferibilidad de cuotas – y en las ganancias que podría obtener el sector artesanal con miras a un nuevo fraccionamiento. Parece haberse olvidado en este debate que lo verdaderamente importante para efectos de la nueva regulación pesquera es la conservación del recurso y la sustentabilidad de la actividad, algo que por cierto no formó parte del temario de esta mesa de negociación.

Cabe, por tanto, resaltar dos temas fundamentales en el marco de la conclusión del trabajo de la Mesa Pesquera.

El primero, dice relación con los principios y normas que deben regir la pesca en Chile, cualquiera sea el sector que la explota. Es bien sabido que el sector artesanal ha aumentado su relevancia en el tiempo, representando actualmente más del 50% de la pesca extractiva del país, realidad que no se condice con que el sector sea administrado con normas y criterios particulares. En efecto, la regulación y fiscalización del sector artesanal se ha caracterizado por una suerte de laxitud, sobre todo cuando se le compara con los altos estándares que debe cumplir la pesca industrial. A medida que aumenta la participación del sector artesanal en la pesca global – resultado que era explícitamente buscado por la Mesa Pesquera – esta divergencia en el tratamiento de ambos sectores acrecienta la presión sobre la sustentabilidad de los recursos. Lo anterior aboga por que la nueva regulación persiga homogeneizar los principios y normas que rigen a ambos sectores.

En este contexto, parece indispensable avanzar en una serie de materias que atingen al sector artesanal. Entre ellas, se debiera extender el sistema de derechos de pesca profundizando la aplicación del RAE en el sector artesanal, de modo de racionalizar y mejorar el desarrollo de esta actividad pesquera.

A su vez, se requiere hacer una distinción entre los artesanales de caleta que representan una pequeña fracción de la pesca artesanal y los armadores artesanales que tienen un comportamiento más similar a la pesca industrial. Los primeros debiesen tener una legislación que los proteja y preserve su actividad, la que en definitiva constituye parte de nuestro patrimonio cultural; los segundos, en cambio, debiesen ser sometidos a una regulación más estricta, similar a los estándares de la pesca industrial.

En este contexto, es indispensable ejercer  un mayor control de acceso en el sector artesanal y un control más estricto del cumplimiento de las cuotas de captura, lo que aboga por una adecuada fiscalización y el consecuente fortalecimiento de la capacidad de Sernapesca para evitar el incumplimiento de las normas y exigencias establecidas. Igualmente, se requiere incorporar posicionadores satelitales para lanchas artesanales y la certificación de descargas.

Un segundo aspecto que debiera priorizarse tras concluida la negociación de la Mesa Pesquera es el fortalecimiento de la investigación, principal herramienta para lograr la conservación del recurso pesquero. En efecto, los recursos destinados a  la investigación permiten contar con estudios para determinar la biomasa y una cuota de extracción sustentable de largo plazo, entre otras medidas, que permitan la mantención de los stocks. Esto exige aumentar al máximo posible el conocimiento en esta materia, de modo de disminuir la incertidumbre y, con ello, los riesgos en la adopción de las medidas, logrando así un mejor manejo de las pesquerías.

En los últimos dos años, el financiamiento del Fondo de Investigación Pesquera (FIP) se ha reducido, dejando una importante demanda por investigación insatisfecha. A la falta de recursos se suma una crítica general, aunque no siempre justificada, respecto de la calidad e independencia de algunos trabajos de investigación realizados fuera del modelo FIP, por asignación directa de la Subsecretaría de Pesca. Lo anterior aboga por perfeccionar la institucionalidad vigente en esta materia, de modo de contar con estudios de alta calidad técnica para un adecuado manejo de las pesquerías. El financiamiento para ello debiera provenir del pago de la patente pesquera, aplicable proporcionalmente a cada actor según la cuota asignada.

En síntesis, la nueva legislación pesquera tiene importantes desafíos que resolver y que van más allá de la inclusión o no de licitaciones para la asignación inicial de cuotas y del fraccionamiento entre el sector industrial y artesanal. Los avances logrados a la fecha  tienen más bien un efecto político, pero no resuelven los temas de fondo que debiesen abordarse para obtener una  regulación adecuada para el sector pesquero del país. Habrá que esperar a ver qué temas se abordan en  el Congreso.