La discusión de la Ley de Presupuestos que se avecina se percibe particularmente compleja, por el contexto nacional e internacional en que se realizará.

Lo que se ha dado a conocer hasta ahora en términos de supuestos y cifras parece razonable y prudente. Estamos hablando de un crecimiento del gasto de 5% real, que suma alrededor de US$ 3.000 millones. Esta cifra se financia sin problemas con ingresos estructurales, y de hecho sería factible continuar reduciendo el déficit que se generó en 2009, de acuerdo con las metas que se ha puesto el Gobierno. El monto cubre también holgadamente la agenda social, las potenciales reformas a la educación superior (becas y créditos) y el Ingreso Ético Familiar, y queda también espacio para los otros aumentos de gastos que deben ser parte del presupuesto.

Es por esa razón que para el año 2012 no se requiere una reforma tributaria. Dado que la discusión presupuestaria es de por sí muy compleja, es muy importante que se dejen fuera de ésta modificaciones tributarias, un eventual paquete fiscal en caso de una recesión o fuerte contracción de la actividad, y para qué decir de las exigencias de que se acepte la totalidad de la agenda estudiantil. Incorporar cualquiera de estos temas significaría en la práctica que no habría Ley de Presupuestos aprobada el 30 de noviembre, lo que sería un gran fracaso del Poder Legislativo.