La consigna "¡Plebiscito ahora!", exigida por el movimiento estudiantil y por algunos dirigentes políticos como salida a la denominada crisis de la educación, es una seria amenaza a nuestra institucionalidad. No se trata ya solamente de buscar, con razón, instalar una agenda de reformas políticas que busquen mejorar nuestra democracia, profundizarla y hacerla más competitiva, dado que ella no ha sido capaz de procesar adecuadamente demandas tan sentidas como las de los estudiantes. Por el contrario, se plantea de manera irresponsable, a nuestro juicio, cambiar las bases mismas de nuestra democracia representativa, modelo que presenta ventajas evidentes respecto de la plebiscitaria que han buscado fomentar los gobiernos más autoritarios y populistas de nuestra región, dañando gravemente las libertades individuales.
Más allá de los casos en que es razonable que proceda y así lo contempla nuestro ordenamiento -dirimiendo conflictos de gran entidad entre el Presidente y el Congreso, y en ciertas decisiones de claro impacto local organizados por los Municipios- hay argumentos contundentes para entender el porqué la democracia representativa se ha consolidado como el régimen de gobierno utilizado en el mundo. Se podrá discutir si posteriormente las sociedades lo materializan bajo distintos regímenes políticos (presidencialismo, semipresidencialismo o parlamentarismo), o sistemas electorales (proporcionales o mayoritarios); pero el principio de representación se mantiene.
Entre dichos argumentos, encontramos los prácticos, como la conveniencia de reducir los costos de transacción entre las personas que tomarán las decisiones públicas más importantes de la comunidad, o abaratar los costos económicos del sistema de toma de decisiones. Pero más importantes son los de fondo.
En primer lugar, aquellos entregados ya por los revolucionarios del siglo XVII y XVIII, que reemplazaron las monarquías por las democracias representativas. En el corazón del debate de las primeras repúblicas surge la necesidad de trasladar el espacio de deliberación desde las calles y las marchas -ahí donde priman las pasiones, la fuerza y la violencia-, a un foro en que se pueda deliberar en forma pacífica, sobre la base de argumentos racionales, siguiendo ciertos procedimientos preestablecidos, y entregándose la oportunidad de plantear posiciones a las más diversas miradas; condiciones únicas que permiten generar consensos, negociar y avanzar unidos en pro del bien común. En otras palabras, las alternativas "todo o nada", impiden introducir los matices propios de los acuerdos.
Por lo demás, ¿quién convocará a plebiscitos?, ¿quién redactará las preguntas?, ¿cómo decidir las materias que pueden ser objeto de consulta? Ahora es la educación ¿y más adelante qué: el aborto, la pena de muerte, las declaraciones de guerra a los países vecinos? Hay un amplio espacio de incertidumbre y arbitrariedad en la democracia directa que la representativa busca encauzar mediante reglas.
The Economist recientemente refiriéndose al caso de California, no sólo ha descrito detalladamente cómo este modelo es el paraíso de los grupos de interés y los lobbies , quienes buscan capturar el proceso de redacción de las consultas, sino que, al eliminar la responsabilidad de las autoridades electas en las decisiones que se toman y dispersándola en los electores, han generado un déficit financiero que tiene a dicho estado a un paso de la quiebra.
Nuestra democracia representativa necesita oxígeno, qué duda cabe. Se están impulsando una serie de reformas en la dirección correcta: inscripción automática y voto voluntario, primarias para la selección de candidatos, voto de los chilenos en el extranjero. Una agenda de reformas políticas que busquen mejorar, profundizar y hacer más competitiva nuestra democracia es lo que Chile requiere hoy para salir de esta crisis; no una democracia plebiscitaria.
Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD; Najel Klein, Directora del Instituto Libertad;y Jorge Jaraquemada, Director de la Fundación Jaime Guzmán, publicada en El Mercurio.-
