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PAZ CIUDADANA: ANÁLISIS Y PROPUESTAS EN EL COMBATE DE LA DELINCUENCIA

José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas y Rodrigo Delaveau, Director del Programa Justicia, analizan los datos recientemente arrojados por la encuesta de Paz Ciudadana.

En primer lugar, señalan que el aumento del porcentaje de  victimización por delitos de  robo o intentos de robo en los últimos seis meses, pasando de un 33,0% a un 37, 9% es la tercera alza significativa en los últimos 10 años, existiendo otras similares en junio del 2002 (de 30, 6% a 34,8), y en junio del 2006 de 37,7% a 41,7%.

También es necesario mencionar el aumento del índice en regiones por sobre el de la Región Metropolitana (5,1 % vs. 4,7% respectivamente). Aseguran que es igualmente negativo el aumento experimentado en los sectores socioeconómicamente más bajos, ya que el aumento en la zona sur poniente sube de 35,4% a 43,0%.

Finalmente, en re victimización, esta cifra pasa de 19,7% a 24,9%.

Sin embargo, destacan que en las denuncias ha existido un aumento sistemático y consistente en ellas desde junio de 2009, llegando a 62, 8% en la última medición. Lo anterior, dentro de este contexto, es una señal positiva donde la ciudadanía tiene confianza en las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública, dado que la cifra negra se ha venido reduciendo drásticamente en los últimos años, siendo la actual la más baja de la década (37, 2%) y donde  el índice de satisfacción a nivel de las policías, aumentó de 43,3% a 48,2%, lo que resulta destacable.

En la misma línea, el nivel de alto temor se mantiene en niveles relativamente bajo, pese al leve aumento (12,2% a 13,9).

PROPUESTA DE AGENDA EN EL COMBATE DE LA DELINCUENCIA DE CORTO O MEDIANO PLAZO

Los expertos aseguran que como medidas de corto plazo, es imprescindible que el Gobierno mejore las señales, instrumentos, y mecanismos vinculados a socializar los costos de cometer un delito entre los potenciales infractores, haciendo internalizar que los delitos se van a perseguir y castigar. También aseguran que es necesario continuar las urgencias legislativas en proyectos de ley como Medidas Alternativas e Indulto Sustitutivo; el fast track en los llamados a licitación de las cuatro nuevas cárceles concesionadas; seguir potenciando los planes de intervención social con impacto en seguridad ciudadana a gran escala, como por ejemplo el Plan La Legua que ya se está llevando a cabo.

En cuanto a las medidas de mediano plazo, destacan la descentralización y particularización frente al combate a la delincuencia. Así, por ejemplo, desde la perspectiva de la persecución criminal, una buena acción sería establecer una reunión en cada comuna los lunes a primera hora, que reuniera al Alcalde, al jefe de seguridad comunal, al fiscal local y al comisario o subcomisario de la zona, para analizar, en detalle, la evolución de cada delito por cuadra, con mapas georeferenciados, y adoptar las medidas del caso. En cuanto a la particularización en el combate a la delincuencia, ya que el tipo de delito difiere mucho dependiendo de la comuna que se trate, y estos deben ser abordados de manera distinta según su naturaleza.

Junto con lo anterior, se requiere una reforma integral a la labor policial, descentralizando  a nivel local el establecimiento de metas y plazos de reducción de delitos específicos, en plazos específicos, Ello iría vinculado a evaluaciones por desempeño a policías.  Esquemas de ascenso basados en antigüedad y merito no son el mejor aliado en el combate a la delincuencia.

EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Chile ha hecho un gran esfuerzo por aumentar el gasto público y privado en materia de seguridad ciudadana. Así desde el año 2000, se ha duplicado el gasto del sector público, pasando de US$ 1.062 millones los US$2.000 millones actuales. En tanto, el gasto privado pasó de US$677 a superar los US$1.500 millones en la actualidad. De este modo, hoy en día el costo directo de la delincuencia impuesto al país supera largamente los US$3.000 millones.

Lo anterior, implica que el actual gobierno, cuenta con una gran cantidad de recursos que permiten implementar sus políticas, pero también debe demostrar buenas cifras que justifiquen el uso eficiente de estos recursos en la políticas que se están llevando a cabo a lo largo de todo Chile.

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