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INDICE DE ESTADO DE DERECHO: CHILE DESTACA EN LA REGIÓN

The World Justice Project publicó la segunda versión del Rule of Law Index™, herramienta de investigación cuantitativa generada en base al análisis de la adherencia o no de los gobiernos al Estado de Derecho. Existe una percepción generalizada sobre la inestabilidad y falta de eficiencia en las instituciones públicas de América Latina. Con todo, Chile supera a sus vecinos en todas las categorías y Venezuela figura como el país peor evaluado.

En esta edición del Índice del Estado de Derecho se efectúa una medición de 66 países (11 latinoamericanos) en base a 8 factores: limitación del poder del gobierno, ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, transparencia del gobierno, cumplimiento de la regulación, acceso a la justicia civil, eficiencia de la justicia penal y justicia informal.

En el plano latinoamericano hay claras deficiencias en las instituciones públicas en cuanto al nivel de rendición de cuentas y el sistema de pesos y contrapesos. El factor peor evaluado es la alta tasa de criminalidad seguido por el insuficiente desempeño del sistema de investigación y procedimientos judiciales y penales. Preocupan los casos de Bolivia, país latinoamericano con mayor corrupción en la región, y Colombia que muestra graves problemas de orden y seguridad debido a la presencia de grupos paramilitares ligados al narcotráfico. En Perú los controles al ejecutivo, así como la protección de derechos fundamentales parecen funcionar debidamente. Sin embargo, en comparación al nivel mundial aún queda trabajo por hacer en la región, sobre todo en eficiencia institucional y lo relativo al sistema de justicia penal.

En este escenario, Chile lidera la región obteniendo el primer lugar en todos los factores y a nivel mundial no baja del puesto 20º en la mayoría de las categorías, menos en “eficiencia de la justicia penal”. Esto se debe principalmente a las deficientes condiciones en los centros penitenciarios y la reincidencia criminal. El informe señala que el gobierno chileno es responsable en la rendición de cuentas y que las Cortes son transparentes y eficaces. Destaca la baja corrupción en la policía, los militares y el gobierno, lo que se explica en la clara independencia de poderes que limitan al gobierno a actuar dentro del marco de la legalidad. El respeto a la privacidad y a la propiedad privada, también son algunos puntos evaluados positivamente.

En contraste, Venezuela es el país peor evaluado exhibiendo la más baja puntuación en 6 de 8 categorías. Los peores resultados se encuentran en la “limitación de los poderes del gobierno” y la “eficiencia de la justicia penal”. El Estado de Derecho pareciera estar casi totalmente deteriorado y no existen instituciones capaces de fiscalizar las acciones del Ejecutivo ni la sanción a malas conductas de los funcionarios del gobierno.

En definitiva, en la región se reconoce un avance en cuanto a la transparencia del gobierno, protección de libertades políticas, de los derechos básicos y de libertades civiles, condición sine qua non para el desarrollo pleno de la región en países como Chile, Perú y Brasil. En general, se advierte un atraso en el respeto a la institucionalidad, la probidad y el sistema judicial. Para esto es fundamental dejar atrás las prácticas que atentan contra la libertad y respetar los preceptos democráticos propios de los países desarrollados.

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