El gobierno ha anunciado los principales lineamientos que tendrá la modificación de la Ley Nº 13.196 de 1958, que luego de algunas modificaciones, establece que el 10% de las ventas de CODELCO debe ser destinado al financiamiento de las Fuerzas Armadas.

Cecilia Cifuentes, investigadora del Programa Económico de LyD, explica que en lo central, se eliminaría dicha obligación, sin que por esa razón se desconozca el hecho evidente de que las FF.AA. requieren un presupuesto plurianual, de carácter estratégico, y no sujeto a las vulnerabilidades que genera el ciclo político. Obviamente no sería deseable que la capacidad militar disuasiva del país quedara sujeta a la discusión anual del presupuesto, ya que eso debilitaría la política de defensa del país.

Lo anterior se resolvería a través de un presupuesto plurianual de cuatro años, en que cada año se agregaría uno adicional. Se tendría  además una proyección temporal de doce años, que sería revisada y actualizada en el primer año de cada gobierno entrante o cada vez que el contexto internacional lo justifique.

Pareciera de lo anterior que el carácter estratégico de parte importante del presupuesto de Defensa queda debidamente resguardado, con la ganancia adicional que significa una definición más acorde con las necesidades. Es evidente que para las FF.AA un financiamiento sujeto a los vaivenes del precio del cobre es de por sí una situación compleja, ya que no existe correlación alguna entre las necesidades de defensa y el precio del cobre. Por ende, manteniendo ciertos resguardos, la modificación de esta ley entrega una mayor certeza jurídica al financiamiento de la política de defensa.

Adicional a lo anterior, se generan también otros aspectos positivos, que se pueden dividir en dos; los beneficios que se generarían para CODELCO, y la posibilidad de contar con una situación presupuestaria fiscal más trasparente y más eficiente.

Es muy complejo para la eficiencia de una empresa la existencia de un impuesto sobre las ventas, ya que dificulta la planificación de mediano plazo, y puede generarle graves problemas presupuestarios en un contexto de precios bajos y/o costos elevados. De hecho, la existencia de esta ley era considerada en forma muy negativa en la evaluación de riesgo de CODELCO, y por ende, le significaba un castigo en los procesos de emisión de deuda. Aún cuando se mantenga una condición en que la empresa traspasa en su totalidad sus excedentes al fisco, la eliminación de esta obligación es claramente beneficiosa para CODELCO.

Desde el punto de vista presupuestario también es positiva la eliminación de esta ley, ya que la política de gastos pasa a estar definida por criterios de evaluación de proyectos y necesidades efectivas, más que por asignaciones automáticas. Se gana también en transparencia presupuestaria, por cuanto hasta ahora algo más de un 2% de los ingresos queda fuera del presupuesto, sin que se pueda tener mucha información acerca de su composición y su utilización.

En conclusión, la modificación de la Ley Reservada es un importante avance en materia de eficiencia y transparencia del Estado.