13 de febrero de 2018

LOS DESAFÍOS LEGISLATIVOS PARA EL 2018 EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES

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El Congreso en su nueva legislatura que comenzará en marzo del presente año, deberá dilucidar una serie de Proyectos en materia de recursos naturales. Y es que son varias las Comisiones que ven proyectos sobre esta área, y diversas las iniciativas en trámite. Sin embargo,  a juicio de Cristina Torres, abogada del Programa Legislativo, son tres las Reformas que juegan un rol clave:

La primera de ellas es el Proyecto de Ley que Reforma al Código de Aguas. Esta modificación, que comenzó su trámite legislativo en el 2014, no ha estado exenta de críticas. Si bien se destaca el consenso que existe en torno a avanzar en fiscalización, regularización e inscripción de derechos, así como la priorización del consumo humano, lo cierto es que son varios los aspectos preocupantes. Lo anterior por cuanto, el régimen que hoy rige a las aguas se ve alterado en esencia. A saber, se modifica la concepción de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas – DAA –, donde estos pasan a tener un carácter temporal, con una duración de 30 años de conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero. Si bien pueden ser prorrogados, la DGA puede no autorizarla, en la medida que acredite el no uso efectivo del recurso. Junto con ello, se establece como causal de caducidad de los derechos el no uso efectivo del recurso, en un plazo de 5 años o 10 años según se trata de DAA consuntivos o no consuntivos respectivamente. De la misma forma, además de incrementar el régimen de cobro de patentes por no uso, se incorpora una causal de caducidad para los DAA constituidos con anterioridad.

Al afecto, cabe hacer presente que los problemas que afectan a los recursos hídricos en nuestro país obedecen en su mayoría a problemas de gestión, tal como lo analizó y concluyó el Banco Mundial, y no son objeto de esta Reforma, así como en algunos casos, ni siquiera materias de Ley. Pese a ello, esta iniciativa ha concentrado sus esfuerzos en debilitar el derecho de propiedad, aspecto clave para incentivar el desarrollo. Será la Comisión de Agricultura del Senado, en 2do Trámite Constitucional, la encargada de resolver los aspectos negativos de este Proyecto.

La segunda reforma se trata del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Éste busca reemplazar la actual CONAF por un Servicio Público, solucionando el problema existente con la naturaleza jurídica de esta Corporación, debido a que ésta actualmente ejerce funciones que implican el ejercicio de potestades públicas siendo una Corporación de Derecho Privado. Lo cierto es que la primera semana de marzo se cierra el plazo para presentar indicaciones sobre esta iniciativa y serán las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente del Senado las que de forma unida comenzarán a discutir en particular el proyecto teniendo como foco dos aspectos clave. Deberán primero resolver la discrepancia que existen en relación a la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Esto, por cuanto el texto actual del Proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, dispone que el nuevo Servicio Nacional Forestal continuará administrando y supervigilando el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, y el futuro Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, también en trámite en el Senado, sólo podrá administrar y supervigilar aquellas Áreas Silvestres Protegidas que sean creadas con posterioridad a su entrada en vigencia. “Lo que hace es crear dos sistema de administración, lo generará no solo problemas de gestión, sino que además jurídicamente se pueden presentar incongruencias regulatorias, que pueden ir en detrimento de estas áreas”, explica la experta.

Respecto al segundo aspecto, éste trata sobre la incorporación de una especie de Ley Corta de Incendios. Ello por cuanto el proyecto contiene un título especial sobre la protección contra incendios forestales, a través del cual se busca que el Servicio elabore planes nacionales y regionales de protección contra incendios forestales, con el fin de reducir tanto la ocurrencia, propagación y daños de éstos, como los costos asociados a su control. Preocupan las expectativas que esta nueva regulación genera, pues no se evidencia que lo anterior genere efectivamente resultados, ni avances en la coordinación que debe existir entre las autoridades relacionadas.

Finalmente, se presenta el Proyecto de Ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas. Esta iniciativa, que recientemente fue despachada por la Comisión de Medio Ambiente del Senado en su primer trámite, tiene como finla conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.

El Proyecto, además de crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo objeto será la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas, crea también el Fondo Nacional de la Biodiversidad, destinado a financiar proyectos de conservación y, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, constituido por el conjunto de áreas protegidas, del Estado y privadas, terrestres y acuáticas, marinas y continentales, con diez categorías de áreas protegidas.

Sobre este cabe recordar que en  marzo de 2011 la administración del Presidente Piñera ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, relevando la importancia de este tema. Sin embargo, tal iniciativa fue retirada por el actual Gobierno en junio de 2014, para más tarde ingresar una nueva que recién pasados casi cuatro años, se encuentra en su Primer Trámite Legislativo, debiendo sortear aun su paso por la Comisión de Hacienda y la Sala del Senado.